miércoles, 3 de julio de 2013

Identidad: Defendamos la realidad efectiva. Documento ferroportuario

DEFENDAMOS LA “REALIDAD EFECTIVA”. PELEEMOS EL FUTURO, por Alberto Luis Mayo, secretario general adjunto de APDFA.

En el momento en que teníamos que rescatar a la sociedad argentina de una concepción liberal, los trabajadores configuraron la columna vertebral del proceso. En la comunidad a que aspiramos, la organización de los trabajadores es condición imprescindible para la solución auténtica de los problemas argentinos.-“

                                                                                    Juan Domingo Perón

El compañero Raúl Fernández solía decir: - “las empresas hacen a los hombres”-. Sin entrar en disquisiciones sociológicas esto de alguna manera es así; al decir del querido Raúl – a diferencias de compañeros de otras actividades cercanas – los Ferroportuarios somos creativos e innovadores.

APDFA nació el 5 de abril de 1957 con personería gremial Nº 364 firmada por el ingeniero Álvaro Alzogaray en el marco de la tristemente célebre “revolución fusiladora”. No surgió  como un sindicato en el tradicional sentido de la palabra, sino como una “asociación” heredera de las tradiciones inglesas fundantes de la empresa ferroviaria. Representaba a los jefes de “cuello blanco” perfectamente diferenciados de los obreros de “camisa azul”.

Nació como una “asociación de empleados” para defender los intereses profesionales de sus “representados” pero no para intervenir en política ni mucho menos contradecir los lineamientos generales de la empresa. Fruto de este pensamiento es que durante años y ya, en el marco de la participación en CTA, se adhirió fervientemente al precepto liberal: “independiente de los patrones, gobiernos y los partidos políticos”.

Argumento falaz, por cuanto encubría una contradicción mortal. Siendo los sindicatos que representan al personal estatal mayoritarios dentro de la Central, no podían ser independientes al depender sus salarios del presupuesto estatal. Tampoco esa pretendida independencia les impidió a muchos de sus dirigentes ser candidatos a diferentes cargos electivos por distintos partidos políticos como Proyecto Sur, por ejemplo.

Esta cuestión viene de antaño. “La revolución fusiladora” pretendió desde 1955 desmontar el “aparato peronista” y desarticular al movimiento obrero organizado, infectando al sindicalismo de dirigentes amarillos, “independientes” y vegetarianos, que a la postre eran representantes de diferentes organismos de superficie colaterales de otros tantos partidos políticos: socialista, comunista, demócrata progresista, demócrata cristiano etc.

Esto no está mal en si mismo, sino que encubre otros propósitos. Se dice que se quiere despolitizar al sindicalismo, valiéndose de dirigentes que, como no podía ser de otra manera, como cualquier ciudadano tenían su propia ideología.

En realidad en lugar de “despolitizar” se trató de “desperonizar”, por lo tanto sería más honesto plantearlo de esa forma.

 La experiencia histórica enseña que no existe un modelo sindical sin un “proyecto político”. Para lo cual hay que tener perfectamente claro adonde queremos ir y con que elementos. Amén de los conocimientos técnicos que son importantes pero, instrumentales, es necesario definir una postura política e ideológica clara. Somos peronistas, formamos parte del Movimiento Obrero Organizado y defendemos por sobretodo nuestra fuente de trabajo.

Y es esta no una defensa corporativa o meramente salarial (con la importancia que esto implica). Defendemos la administración estatal en el marco de un modelo de desarrollo, que nos impulsa a vincularnos con todos aquellos sectores de la economía, la política y el sindicalismo que interpreten junto a nosotros este mismo criterio.

Los trabajadores tienen que organizarse para que su participación trascienda largamente la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cual es la comunidad a la que aspiran, de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales. Se requiere la presencia activa de los trabajadores en todos los niveles.
(Modelo Argentino para el Proyecto Nacional – Juan Domingo PERON)

Somos hijos del Estado. Crecimos con él. Está en nuestro ADN, es nuestro modelo de desarrollo, de crecimiento, de inserción social.
El Estado es una construcción político social que nos cobijó formando parte de un cordón defensivo (junto a otras empresas como YPF, YCF, JNG, etc.) que nos hizo soberanos con nuestras exportaciones, reguló las importaciones y acrecentó el mercado interno. Nos dio el pleno empleo y la participación en más del 50% del Producto Bruto Interno. Esto en pocas palabras se dio en llamar Estado de Bienestar ó Estado Benefactor; cuya expresión política sin par fue y es el peronismo.

Este concepto heredero del modelo agro exportador (aquel que denunciara Raúl Scalabrini Ortiz “las redes ferroviarias son como una red arterial que expulsa nuestras materias primas a las metrópolis, como un gigantesco mecanismo de expoliación”.) implosionó en el 2001 y que no suficientemente recuperado aún, asume desde el discurso un rol director que, en la práctica, no puede sostener.

A tal punto que según nuestra caracterización, el eje de la problemática de este presente portuario, se basa en el rol que juega el Estado en cuanto orientador de las políticas públicas para el sector. Sin embargo vemos que en la práctica la falta de una orientación estratégica nos lleva a ir a los tumbos de error en error.

Lo que sucede en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires es elocuente al respecto. ¿Cuál es el plan estratégico para los puertos bonaerenses? A juzgar por los resultados todo parece indicar que cuando sobrevenga un principio de crisis, que marque una merma en la rentabilidad de las grandes empresas, la respuesta será ajuste y privatización con los consabidos argumentos: ineficiencia del Estado y desregulación de los controles para favorecer la “eficiencia” y la “competitividad”.-

¿Es tan difícil poner en pie la Subsecretaría de Actividades Portuarias como autoridad de aplicación? ¿A quien beneficia la inacción y el “dejar hacer y dejar pasar”?. Los hechos ocurridos en San Nicolás y Mar del Plata son harto elocuentes sobre lo que pueden las acciones sectoriales por fuera de toda planificación.

En primer lugar quiero hacer mención al proyecto que presentó el Concejo Deliberante de la ciudad de San Nicolás propiciando la creación de un Consorcio de Gestión para el puerto de esa ciudad.

El mencionado proyecto ha sido presentado a consideración del Gobernador Daniel Scioli y del Ministro de la Producción con el fundamento – entre otros – que de esta forma se “garantiza la representación de los sectores involucrados en la actividad portuaria, cuya participación en las decisiones, es de significativa importancia”.

En paralelo la Municipalidad intentó inspeccionar empresas radicadas en el ámbito portuario, lo que motivó la reacción de la Delegación Portuaria y de los compañeros con el sólido argumento que se estaba violentando nuestra jurisdicción en detrimento de quien -  por ley – se constituye en autoridad de aplicación.

La realidad es que más allá de un juicio preliminar que pone en evidencia el afán recaudatorio del municipio (cobro de gravámenes y tasas), subyace una interna política que pone de rehén con argumentos falaces a toda la actividad del puerto de San Nicolás.

Se intenta confundir a la opinión pública asimilando la situación del Puerto de Bahía Blanca con el de San Nicolás, cuestión que no puede ser considerada linealmente por cuanto las situaciones son muy diferentes. En principio Bahía Blanca y Quequén fueron consorciados por una ley nacional en la década del 90´ y en el marco del proceso de privatizaciones de las empresas públicas y de provincialización de escuelas, hospitales y puertos. Por otra parte AGP puso en valor esas instalaciones y pagó el dragado y la optimización de sus instalaciones.

Hoy el panorama es completamente diferente. Mas allá de la particular caracterización que hagamos de la forma organizacional: Consorcio; el puerto de San Nicolás se encuentra en plena expansión con un Plan Director que contempla – entre otras cuestiones – importantes obras de infraestructura, habiéndose triplicado el volumen de carga que se comercializa.

En cuanto a Mar del Plata la situación reviste tal gravedad, que basta ver los portales de los principales diarios de la ciudad para tener un panorama preliminar de la continuidad de conflictos que, incluso y muy lamentablemente, - han originado episodios de violencia – que hicieron temer en algún momento el desborde de los hechos con consecuencias impredecibles. Prueba de ello es la agresión que sufriera nuestro compañero Ricardo Manocchio en circunstancias aún no esclarecidas judicialmente y en el marco de una disputa de la estiba por espacios de poder.

 Más allá de los conflictos sindicales por reclamos salariales de los compañeros de la actividad que podrían  trascender el ámbito del Consorcio, las autoridades portuarias han cometido todos los errores posibles al punto que los problemas que hoy toman relevancia fueron oportunamente denunciados por los trabajadores y sus organizaciones sindicales: dragado, caída de la actividad, pérdida de autoridad al descalificar el accionar del personal operativo, desorden administrativo y carencia de un rumbo que facilite la armonización de los intereses de los sectores productivos.

Estos dos casos puntuales y constatables en forma inmediata nos lleva ineludiblemente a la cuestión de fondo: Está en crisis el sistema estatal en el modo de administrar los puertos bonaerenses. Los intereses sectoriales no deberían prevalecer sobre el interés general. Los puertos además de una unidad económica son por sobretodo un factor gravitante en la vida social y política de las ciudades en las que se encuentran asentados.
La política – la buena y única política – debe ser aquella que nos provea herramientas de gestión para el desarrollo.

Él modo de administración coincidente con el antiguo paradigma del Estado Benefactor, ha dejado lugar – en líneas generales – a una política que le cede la iniciativa a los proyectos privados que, por legítimos que sean, no tienen en cuenta el sentido público y comunitario que debe tener el quehacer portuario.

Post data…

Dos militantes de Greenpeace disfrazados de pescaditos cerca del Gobernador Daniel Scioli pusieron en consideración  de la opinión pública el tema de la autodenominada reserva natural del puerto de Mar del Plata. Se trata de una laguna artificial generada por una pérdida originada en un desagüe  pluvial y cabe la posibilidad que en un futuro cercano le reste al atiborrado puerto un espacio indispensable para la explotación y expansión de futuras actividades.

Una ignota asociación ambientalista obstaculiza ante la justicia el dragado y las obras que se realizan en Ensenada/Berisso en el marco de la instalación de la Terminal Tecplata en concordancia con el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Más allá de la preocupación por la remoción y disposición final de los barros del lecho fluvial, nadie debe ignorar que intereses económicos están operando para obstaculizar este emprendimiento.

En suma y a modo de corolario. Este no es un rosario de quejas o datos aislados que esconde el propósito de desalentarnos o concluir que, cualquier medida o acción que emprendamos será inútil ante semejante desorden. Todo lo contrario: Es un llamado a la reflexión y a la acción en dos sentidos; en el orden interno de nuestra organización sindical y en el orden externo de la acción política vinculante con el resto de los actores de la actividad y la sociedad toda.

Está dicho: Está en crisis el modelo estatal de administración de los puertos bonaerenses. La inoperancia que hoy campea persigue (directamente o indirectamente) que la administración se anarquice con consecuencias impredecibles. La política no responde, pero es la propia política la herramienta necesaria para salir de la crisis:

Conclusión hay que dar la pelea en ese espacio. Se trata de explicitar los modelos en pugna. El que impera hoy en día conduce a la inoperancia, a la falta de confianza en nuestras propias fuerzas y al desaliento. El desenlace es previsible: Como en los 90´ la sociedad concluirá que el Estado es ineficiente y que resulta indispensable operar un cambio.

Una baja en la rentabilidad de las empresas provocará recesión y dejará al desnudo el decorado ajado y viejo: Servicios que se cobran y no se prestan, ineficiencia, falta de iniciativa y de planes rectores. Todos mezclados y desorientados: acostumbrados a no hacer.

¿Cual es la contratara que se nos propone? Reducción del gasto público como porcentaje del Producto Interno y reprivatización de las empresas que en los últimos años demandaron aportes o subsidios del Tesoro, utilizando una visión de búsqueda de ganancias que no se puede aplicar sobre empresas estatales cuyo principal objetivo debe ser la prestación de un servicio.

En ese contexto volverían con el consabido argumento de la desregulación, “los puertos sucios”, exceso de personal, salarios altos, etc.
¿Es casual que el Subsecretario de Actividades Portuarias insista con carácter prioritario en jubilar compañeros?

Sin embargo nuestra realidad es completamente diferente. TENEMOS EL RECURSO HUMANO Y LA CAPACIDAD DE REVERTIR ESTA SITUACION.
Debemos asumir la responsabilidad política de la Subsecretaría y darnos el impostergable debate interno sobre el modelo de gestión y a todo lo propuesto volcarlo a la opinión pública dándole visibilidad.
¿Que pasaría si a los compañeros del área comercial o contable de la SAP (por citar sólo dos ejemplos) le sacáramos de encima toda la burocracia y se le permitiera en otro marco organizacional aplicar  todo lo que realmente saben?

Pero no debemos abrir el abanico ni confundirnos con la  propuesta. Ese es el objetivo de los que se oponen a una salida sistémica. Tenemos los planes directores de cada puerto y la experiencia suficiente como para poner en acto la obra. No se trata de personalismos o de agrupaciones y mucho menos de apetencias políticas (que aunque legítimas en algún caso) ahora deben estar subordinadas al interés general. Hay que reunirse (como ya lo están haciendo) los compañeros de San Nicolás y Dock Sur y juntos con los de la SAP para seguir avanzando.

Parafraseando la vieja frase “el tema portuario es tan importante que no lo podemos dejar en manos de los políticos”. Esta crisis viene para quedarse. No es sólo económica, es conceptual. Siguen creyendo que pueden arribar alegremente sin tomar decisiones y esperar que la próxima movida política o elección los catapulte a un espacio más atractivo.
Mientras tanto nosotros como capas tectónicas heredamos los problemas que serán a mediano plazo de más difícil solución.

 LOS TRABAJADORES TIENEN FRENTE A LOS PODERES ECONOMICOS Y POLITICOS UNA SOLA DEFENSA: LA UNIDAD.”
                                                                                            Juan Domingo Perón

En el orden interno de nuestra organización y teniendo en cuenta lo manifestado en los primeros párrafos me gustaría concluir con algunos comentarios que hacen a nuestra actividad sindical. Aquellos  aludían a una suerte de arqueología de nuestra asociación que es necesaria, en tanto nos ubica en el lugar desde donde provenimos.

Esto no significa que esto sea inmodificable, en la medida que nuestras conductas no lo sean. Podemos cambiar de estructura, de nombre, de “sello” pero si nuestras prácticas siguen siendo las mismas, si nuestras pautas culturales siguen haciendo “huella” es inútil emprender cualquier cambio.

Y hacerlo (impulsar el cambio) requiere de nosotros el esfuerzo de pensar con un sentido general, no sólo desde el interés particular –que por legítimo que sea – tendrá la limitante de no poder abarcar más allá de la propia individualidad. No es hora de personalismos, es hora de pensar el futuro en función de las condiciones que nos ofrece la realidad.

Si aceptamos que está en crisis el modelo de representación política expresado concretamente en la administración de los puertos y, si creemos que es el sindicato el elemento aglutinador de todas las voluntades, sectores, agrupaciones, intereses individuales, etc., es obvio que la estructura sindical también deberá adaptarse a esta realidad.

Básicamente el sindicato es una construcción política colectiva que tiene una misión histórica y que por eso serán recordados por siempre sus dirigentes: atender los intereses de sus representados y cuidar y engrandecer su fuente de trabajo. En esto todos podemos coincidir en mayor o en menor medida, y también nos hemos sincerado con respecto a nuestro comportamiento histórico e incluso personal en cada situación que nos tocó actuar.

Por ejemplo, en la realidad política que atraviesa nuestro Patria, a diario se encuentran comentarios por Facebook e incluso en forma de diálogos personales en los cuales se evidencian serias discrepancias que, a mi modo de ver, lejos de dividir suman, en la medida que permiten la discusión de ideas; aunque a veces resulte momentáneamente enojoso porque se puede tomar algún comentario en forma personal.

Sin embargo si coincidimos que el proceso de desgaste y pérdida de autoridad de la SAP (en este caso, pero podría aplicarse a otras administraciones provinciales) tiene como desenlace situaciones sumamente comprometidas, máxime si se le suman condiciones económicas objetivamente perjudiciales, no cabe duda que debemos cambiar nuestro funcionamiento y concepción de la cuestión.

Tenemos por delante grandes desafíos. Deberemos liderarlos, proponiendo el diseño de un modelo organizacional que sirva a los intereses colectivos y que nos garantice la continuidad de nuestra fuente de trabajo. Las opciones son claras: Por un lado la repetición de las prácticas decadentes que nos llevan a la disolución y a las salidas parciales;  por el otro nuestro propio desarrollo.

A modo de simple borrador se sugieren algunos puntos:

a) Necesitamos recomponer la autoridad de aplicación. Como queda dicho tenemos el recurso humano y las líneas de acción están claras. Una autoridad que facilite los trámites y acompañe, asesore, conduzca. Deberán definirse aquellas cuestiones indelegables para el Estado y que, resultarán misiones impostergables: auditoría, control, planificación, captación de nuevas cargas, capacitación, etc.

b) Análisis pormenorizado de la realidad de cada puerto, ventajas y debilidades competitivas y modelo organizativo a proponer.

c) Potenciar el recurso humano con planificación (capacitación y formación profesional) y el diseño de un plan de carrera.

Debemos avanzar en el desarrollo de una política pública para los puertos. No podemos pensar en nada más. Dentro de lo cual no debemos destacar nuestra participación en la creación de una nueva Ley de Puertos, que canalice nuestras necesidades.

 Hay que crecer, los sindicatos tenemos una obligación impostergable que es la puja salarial; pero no debemos limitarnos. Hay que subir un escalón en la comprensión y en el convencimiento de nuestros compañeros en el sentido de que es nuestra responsabilidad  asumir el riesgo de la conducción.

Para ello necesitamos un sindicato unido y con inserción política. Sin personalismos y con una mirada estratégica que pueda sortear con eficacia esta realidad decadente.

Aquellos compañeros que crean que se puede seguir repitiendo recetas conocidas porque alguna vez dieron resultado, o negociar con el poder de turno la continuidad de un modelo agotado se equivocan. El punto aglutinante es el sindicato: La lucha emprendida por la defensa de la intangibilidad del Fondo Provincial marca el camino. Tenemos que sentarnos a la mesa chica de la discusión estratégica. ¿Qué hace el poder político? Echar mano de nuestros recursos toda vez que se necesite. Cuál debería ser nuestro camino: luchar, esclarecer y llevar adelante nuestro propio proyecto.
                                                      

No hay comentarios:

Publicar un comentario